Consulta aquí los informes de la auditoría:

Auditoría Gestión económica-financiera 2011 a 2015

Auditoría Concesiones administrativas y contratación pública

Auditoría Contratación pública y gestión urbanística

El Ayuntamiento de Moralzarzal ha informado hoy que ha trasladado a la fiscalía dos de los procedimientos que ha auditado como fruto de un compromiso electoral de los grupos municipales en gobierno, Vecinos Por Moralzarzal Participa! y el Partido Socialista. Son procesos que corresponden al anterior equipo de gobierno del Partido Popular, que dirigió el Ayuntamiento durante 20 años. Los trabajos han sido realizados por Business Risk Services (BRS).

Se trata de la concesión administrativa del servicio público Casa de Niños y los campus de verano realizados entre 2007 y 2013. En ambos casos se han detectado irregularidades que, el actual Equipo de Gobierno entiende que, en tanto como cargos públicos, tienen la responsabilidad de trasladar a las autoridades judiciales para que estas puedan evaluar y dictaminar posibles responsabilidades.

Respecto a la Casa de Niños, cuya gestión se privatizó en 2004, la auditoría ha revelado que el pliego de condiciones original puntuaba la experiencia en la propia Casa de Niños del personal responsable, un requisito que excluía a otros posibles licitadores. Asimismo, en 2008 se realizó una prórroga de cuatro años a la empresa adjudicataria, cuando el pliego de condiciones marcaba de manera expresa que debería hacerse de año en año.

El valor de los contratos de los últimos ocho años de gestión de la empresa adjudicataria asciende a más de 1.200.00 euros. De ellos, la Comunidad de Madrid aportaba el 85% y el Ayuntamiento de Moralzarzal el 15% restante. Se da la circunstancia que, con la licitación convocada por el nuevo Equipo de Gobierno en 2016, y que para preservar la objetividad del proceso se realizó a través de personal técnico de la Comunidad de Madrid, la empresa adjudicataria hasta ese momento quedó por detrás de otra empresa en la baremación y no logró la adjudicación.

En cuanto a los campus de verano, en los celebrados en 2007 a 2012 no se ha encontrado ningún tipo de contrato administrativo con ninguna empresa, a pesar de que participaron numerosos niños y el riesgo que ello conlleva. Tampoco hay constancia de que se realizara ningún procedimiento de selección ni de concurrencia.

En 2013, y ante los informes firmados por Secretaría e Intervención del municipio, se realiza un trámite de contratación con una empresa pero se formaliza un seguro por un total de 150.000 euros de capital, en lugar de los 300.000 correspondientes.

Basándonos para el cálculo en los participantes del campus de 2016, ya que existe una falta total de datos, se puede estimar que los ingresos de esta actividad entre el periodo 2007 a 2013 pudieron ascender a más de 250.000 euros y no hay datos sobre cesión de espacios por parte del Ayuntamiento o del personal contratado y su cualificación profesional. Tampoco consta ningún ingreso a favor del Ayuntamiento, por lo que se supone que la empresa organizadora cobró de manera íntegra las cuotas de los participantes, a pesar de que las actividades se realizaron en dependencias municipales.

En total tan sólo se han auditado tres concesiones administrativas, dos servicios municipales, un desarrollo urbanístico y la gestión económica financiera de 2011 a 2015. Y si bien, se han identificado irregularidades, estas han prescrito en todos los casos ya que han pasado más de cuatro años.

Toca ahora a la Fiscalía analizar esta información y decidir sobre posibles actuaciones.